CTA-Autónoma denuncia a legisladores por violación a los deberes de funcionarios públicos
La CTA-Autónoma denunció este jueves a los legisladores que votaron a favor del proyecto de ley de Bases el pasado 30 de abril en la Cámara de Diputados de la Nación bajo la figura de “violación a los deberes de funcionarios públicos y abuso de autoridad (art. 248 CPN) y falsedad ideológica de instrumento público (art. 292 CPN)” por haber otorgado “la suma del poder político” al Poder Ejecutivo.
Figuras públicas presentan la denuncia
La denuncia fue presentada ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires, por figuras públicas como Hugo “Cachorro” Godoy, Adolfo Pérez Esquivel, Eduardo Barcesat, Carlos Rosanski, Alicia Castro, Claudio Lozano, Jorge Elbaum y Atilio Borón.
Denuncia exige investigar al Presidente de la Nación
En el escrito presentado, se solicita que se investigue al Sr. Presidente de la Nación, Javier Milei, como posible instigador al enviar el Proyecto de Ley. Además, se pide que los senadores que voten por la aprobación definitiva de la ley de Bases, ingresen en el mismo ámbito de ilicitud y sean alcanzados por esta denuncia de oficio, ya que se considera un delito aún en ejecución.
Los denunciantes afirmaron que “la gravedad de la situación creada por Javier Milei requiere respuestas comprometidas con la democracia”, y consideraron que “denunciar los atropellos no es una opción, sino una obligación”, invocaron.
Resumen de la noticia
– La CTA-Autónoma denunció a los legisladores que votaron a favor del proyecto de ley de Bases por violación a los deberes de funcionarios públicos y abuso de autoridad.
– La denuncia fue presentada por figuras públicas como Hugo “Cachorro” Godoy, Adolfo Pérez Esquivel, entre otros.
– Se invocan penas de prisión severas y hasta la prisión perpetua en caso de concesión de facultades tiránicas.
– También se pide que los senadores que voten por la aprobación definitiva de la ley de Bases sean alcanzados por la denuncia.
– La denuncia busca responder con compromiso por la democracia, no criminalizar opiniones ni discursos.
